La Justicia venezolana emitió este lunes una orden de aprehensión contra el excandidato presidencial Edmundo González, luego de su inasistencia previa a tres citaciones hechas por el Ministerio Público.
Según consta en el documento divulgado por el organismo en las redes sociales, a González Urrutia se lo investiga por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, sabotaje a daños de sistemas, asociación y conspiración.
La Fiscalía había advertido que, tras la tercera ausencia, se consideraría el «peligro de fuga» y de «obstaculización», por lo que procedería a tramitar una orden de captura contra el exabanderado de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD).
González, que quedó segundo en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, no compareció ante la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía, que lo convocó en tres oportunidades a «rendir entrevista» por su presunta responsabilidad en los delitos de «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración».
La investigación sobre el proceder del político inició luego de la publicación de supuestos resultados comiciales en una página web sin validez legal, que habría intentado usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ese escrutinio paralelo daba como «ganador» al opositor, desconociendo así la reelección del presidente Nicolás Maduro, para el período 2025-2031, certificada por las autoridades competentes.
Las inasistencias de Edmundo
En días pasados, el exaspirante presidencial dijo en un video que no se presentaría ante la Fiscalía porque consideraba que era una «citación sin garantías de independencia y del debido proceso». El político tampoco atendió el llamado que hizo el Tribunal Supremo de Justicia a todos los excandidatos que participaron en las presidenciales para que presentaran sus alegatos sobre el proceso.
Durante la particular campaña electoral de González, que fue monopolizada Machado —a pesar de estar inhabilitada para ocupar cargos de elección popular—, ambos dejaron claro que no reconocerían los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), si les eran adversos. Por ello, el excandidato de la PUD se negó a consignar un acuerdo hecho entre todos los aspirantes a la presidencia para reconocer el escrutinio.
El Gobierno había advertido que la derecha desconocería un resultado contrario y promovería hechos de violencia, como luego ocurrió. Según el Ministerio Público, 27 personas fueron asesinadas luego del primer boletín del CNE; la mayoría de las víctimas eran dirigentes populares del chavismo e integrantes de los cuerpos de seguridad.
El pasado 7 de agosto, se inició una investigación penal contra González y Machado, por ser «los responsables de la publicación y el mantenimiento» de una página web con supuestos resultados electorales, sin validez legal alguna, donde se publicaron supuestas «actas» de votación cargadas de inconsistencias e irregularidades.
El 5 de agosto se le abrió otra investigación, junto a la fundadora del partido ultraderechista Vente Venezuela, por su presunta responsabilidad en «múltiples delitos».
El ente acusador también comenzó una averiguación tras el ataque cibernético contra el sistema informático del CNE, que buscaba «manipular los datos que se estaban recibiendo» y «adulterar las actas» durante el conteo de los votos de las presidenciales.
