El Deber- La Iglesia católica clamó ayer por el cese a la violencia y porque ambas partes dejen de lado “intereses personales”. Además, surgieron denuncias que se presentan a instancias internacionales que acusan al Gobierno de Luis Arce de ejercer terrorismo de Estado con el cerco a Santa Cruz.
“Clamamos por el cese de la violencia y que se instaure un diálogo sincero por el bien de nuestro pueblo”, dijo en un mensaje monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz.
La autoridad eclesiástica recordó que la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana ha hecho un llamado al diálogo, pero especificó: “Yo, como pastor de esta porción del pueblo de Dios que es Santa Cruz, expreso mi profunda preocupación por el aumento de la espiral de violencia que genera más violencia, es lamentable vivir una situación de dolor y de sufrimiento provocada por el desacuerdo existente sobre la fecha del Censo de Población y Vivienda, que desde el sentido común, debería ser motivo de unidad, de alegría, de esperanza de días mejores para todos”.
Como Iglesia católica, puntualizó, “es nuestra misión estar al lado de nuestro pueblo, y como nos corresponde por derecho y compromiso social desde nuestra fe, hacemos un vehemente llamado a las autoridades competentes (gubernamentales, departamentales, cívicas y otras instituciones) llamadas a dar solución a este problema dejando de lado sus intereses personales, partidarios o sectoriales, y que demuestren su capacidad de servicio cumpliendo su responsabilidad como autoridades que se deben a todo el pueblo”.
Finalmente, hizo un llamado “al pueblo cruceño a no caer en las provocaciones violentas que están generando algunos, no queremos más dolor sino más bien busquemos la paz para Bolivia y, especialmente, Santa Cruz. Dios nos proteja y nos bendiga”.
Terrorismo de Estado
El cerco a Santa Cruz ha generado el rechazo de distintos sectores, como la denuncia por terrorismo de Estado que presentó el exministro exiliado en Estados Unidos Guido Áñez, a través de una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Citó la enciclopedia Escarta para definir “terrorismo de Estado” como el “uso sistemático por parte del Gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación con el fin de imponer obediencia a una población”.
Áñez advierte que “exactamente eso está ocurriendo en Santa Cruz, donde las actitudes fascistas, totalitarias, antidemocráticas del Gobierno nacional dirigidas en contra de la población civil que protesta pacíficamente son tipificadas por el derecho internacional con la figura de terrorismo de Estado”.
El artículo 8 del Estatuto de Roma define como crimen de guerra “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro”.
El Protocolo adicional (1977) de los Convenios de Ginebra de 1949 proscribe medios que ponen en peligro la supervivencia de la población civil. Padecimiento de hambre como método de guerra, “protección especial para los bienes indispensables para la supervivencia de la población”.
El analista Ramiro Orías dijo que el cerco a las ciudades es “un crimen de inanición. La privación de alimentos, no solo como método de guerra, sino también como arma política, está proscrito por el Derecho Internacional como tantos otros actos crueles y atroces en contra la humanidad”.
